Informes y estudios

4 de cada 10 viajeros desconocen si un alojamiento rural es ilegal

Hotel Mas Pelegrí. Foto cedida por Escapadarural.com

Escapadarural.com se caracteriza por su compromiso con la legalidad de los alojamientos que se incluyen en su web. Según los datos recogidos por el Observatorio del Turismo Rural, una iniciativa de investigación encabezada por Escapadarural.com y con la colaboración de CETT-UB y Netquest, el 43,5% de los 15.000 viajeros rurales encuestados afirma no conocer si un alojamiento cumple con la legalidad vigente.

No obstante, el 52,2% sostiene que no reservan alojamientos rurales ilegales si tienen conocimiento de ello, mientras que el 4,3% restante manifiesta que su elección final se basa en otros criterios, como el precio o las valoraciones de otros usuarios. Además, los extremeños (61,5%), los asturianos (59,4%) y los riojanos (58,3%) son los viajeros rurales más concienciados en esta materia.

Por otro lado, el Observatorio del Turismo Rural también ha querido analizar estos datos focalizándose en las respuestas de 3.000 propietarios. Así, el 42,2% de los propietarios señala que la explotación de alojamientos rurales carentes de legalidad es su mayor preocupación. Por comunidades autónomas, los empresarios rurales de La Rioja (62,9%), Comunidad de Madrid (55,2%) y Extremadura (48,6%) son los que indican verse más afectados por esta competencia desleal.

De este modo, sabiendo que los alojamientos no oficiales perjudican al sector rural, el equipo de Escapadarural.com realiza, constantemente, un trabajo de comprobación de licencias y permisos de actividad cada vez que se une un nuevo propietario a su red de alojamientos. Desde comienzos de 2011 se han rechazado un total de 4.819 casas rurales (1.222 durante 2015) por no cumplir con la legalidad vigente al no estar inscritas en la Dirección General de Turismo de su autonomía. Este concepto está sujeto a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que ha excluido la explotación del alojamiento privado para uso turístico, lo que da cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de la calidad de los destinos.