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El sistema europeo de protección de los pasajeros aéreos no solo compensa a los viajeros cuando su vuelo se retrasa o cancela sino que también mejora el funcionamiento del propio sistema de transporte aéreo. Según un nuevo estudio presentado en Bruselas, el Reglamento europeo CE261 evita cada año el equivalente a 8.400 años acumulados de retrasos en vuelos en Europa, gracias a los incentivos que genera para que las aerolíneas operen con mayor eficiencia.
Las conclusiones se dieron a conocer durante una mesa redonda organizada por la Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) y Euroconsumers, que reunió a responsables políticos europeos, académicos independientes y representantes de asociaciones de consumidores en pleno debate sobre una posible revisión de esta normativa comunitaria.
Esta investigación indica que los vuelos cubiertos por la CE261 tienen un riesgo significativamente menor de sufrir retrasos de tres horas o más en comparación con vuelos similares que no están sujetos a la normativa europea. Este efecto no solo beneficia a los pasajeros, sino que también modifica el comportamiento de las aerolíneas, incentivando una planificación más eficiente y una reducción de cancelaciones y retrasos. Por ejemplo, en Europa, la tasa de cancelaciones en el mismo día es un 20 % menor que en Estados Unidos, donde no existe un sistema de protección equivalente.
Además, el coste total de la normativa es relativamente bajo para las aerolíneas. Incluyendo compensaciones, asistencia y costes de indemnizaciones, el impacto por pasajero es de aproximadamente 1,50 €, lo que contradice la percepción de la industria de que el reglamento representa una carga económica significativa.
Eric Napoli, de la Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA), rechaza las afirmaciones de la industria sobre los aumentos de costes que ha sufrido el sector, y advierte que podrían crecer drásticamente en caso de que los retrasos prolongados continúen aumentando. Esto es una decisión operativa que podría provocar un incremento de las interrupciones de hasta un 40 %.
Por su parte, Olivia Brown, responsable de políticas de Euroconsumers, señaló que, a pesar de la protección actual, la interrupción suele costar al pasajero más que la indemnización económica que recibe.
Los participantes, apoyados en los datos del estudio, también refutan las afirmaciones de algunas aerolíneas sobre elevados costes operativos, y recuerdan que muchas compañías, especialmente las de bajo coste, desarrollaron su modelo de negocio bajo la regulación vigente, operando sin comprometer su rentabilidad.
Debilitar la CE261 supondría un retroceso en los derechos de los consumidores, un aumento de retrasos y cancelaciones, y un riesgo para la reputación de Europa como referente mundial en protección de pasajeros. Una modificación de esta debería estar basada en evidencias sólidas. Actualmente, los expertos en defensa de los consumidores coinciden que la CE261 protege a los pasajeros y mejora la eficiencia del transporte aéreo a un coste reducido.
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