Publicidad
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, y el secretario general de CEHAT, Ramón Estalella, junto a un nutrido grupo de empresarios y Asociaciones de Alojamiento de toda España, han presentado hoy el Manifiesto de la Hotelería y el Sector de Alojamiento reglado contra la economía sumergida y la actividad turística ilegal.
En la presentación del manifiesto se han expuesto los grandes perjuicios que las actividades ilegales están produciendo al sector turístico español, ya que están siendo afectadas las empresas regladas, las garantías a los consumidores, la convivencia vecinal, el fraude fiscal y el fraude en el empleo.
El manifiesto indica que «el sector del alojamiento turístico reglado español (hoteles, campings, pensiones, casas rurales, apartamentos, hostales, fondas y asimilados) quiere mostrar su profunda preocupación por el incremento de la economía sumergida y la actividad económica ilegal en el sector del turismo en España. Aunque el alquiler de vivienda privada siempre ha existido, el desarrollo de internet está permitiendo que miles de propiedades se ofrezcan de forma transparente y permanente a un número ilimitado de consumidores por medio de unas plataformas que están adquiriendo un protagonismo indudable en la contratación de vacaciones.
Los alojamientos españoles han sido capaces de superar la grave crisis económica de España viviendo un descenso de precios desde el año 2007 a la vez que ha conseguido mantener unas altas cuotas de empleo y sufriendo de la estacionalidad, que significa que la ocupación media anual en España no supera el 50%. De ahí se concluye que la oferta actual de alojamiento en todas las categorías es muy superior a la demanda de nuestro país.
El sector alojativo no pretende impedir el alquiler de viviendas, sino que tengan que entrar a competir en el mercado turístico con las mismas reglas del juego con las que compiten todos los actores del sector.
La actual falta de regulación está generando graves problemas, entre los que destacan: graves problemas de convivencia en las comunidades de vecinos; problemas de seguridad por la existencia de un tráfico importante de personas sin control y sin cumplimentar la obligatoria ficha de policía; aumento de la economía sumergida y sus negativas consecuencias para el conjunto de los ciudadanos españoles; aumento del trabajo ilegal; violación de los derechos de los consumidores en materia de seguridad y calidad; y degradación de la imagen y el futuro de los destinos turísticos.
Las plataformas de internet que se intentan justificar con el concepto de economía colaborativa o P2P están gozando de la inversión de fondos de capital riesgo que les están aportando la fortaleza para seguir creciendo, gracias a una falta de legislación adecuada que les hace operar beneficiándose de vacios legales. Estas plataformas que ingresan comisiones elevadas, argumentan que favorecen, gracias a la economía colaborativa, se favorece el intercambio de viviendas entre particulares, cuando, en realidad, están desarrollando una actividad económica que, en el caso del turismo, está ampliamente regulada y protegida por todas las Administraciones. Esto no se puede denominar economía colaborativa, pues no se trata de trueque o compartir gastos, sino en realidad se trata de grandes comisiones en transacciones turísticas.
Estos motivos, llevan al sector a proclamar el siguiente manifiesto:
1. El sector turístico es la primera industria de nuestro país, tanto en la generación de empleo (2 millones de trabajadores) como de aportación al PIB (113.000 millones de euros), compuesto por 16.000 empresas de alojamiento entre hoteles de una a cinco estrellas, apartamentos, pensiones, hostales, albergues y campings.
2. Este sector tiene una amplia regulación de diferentes Administraciones Públicas en aras de dotarlo de una gran transparencia al mercado y de facilitar la clasificación por categorías. No es razonable que conviva un mercado fuertemente regulado con otro absolutamente liberalizado.
3. El desarrollo normativo se ha establecido con el objetivo de maximizar la seguridad a los clientes en los ámbitos, entre otros de seguridad alimentaria, higiene, accesibilidad, ruidos, incendios, piscinas, aguas, calidad, etc.
4. El sector está sometido a normativas comunitarias, autonómicas y municipales, y todas las Administraciones tienen competencia para ello. El cumplimiento de estas normativas, que encarecen el producto final, han sido demandadas por las Administraciones en aras de que España se convierta en un destino de calidad y darle sostenibilidad al modelo económico por su aportación al PIB y por la falta de ingresos provenientes de otros sectores económicos. El sector de alojamiento en múltiples ocasiones se ha manifestado en contra de esta hiperregulación ya que es una actividad exportadora y se ha de competir a nivel global en el mundo. Por otro lado, la concesión de licencias hoteleras siempre ha estado limitada, incluso se han aprobado distintas moratorias con el objetivo de conservar el patrimonio natural y el equilibrio entre la oferta y la población local.
5. En términos de empleo, el sector del alojamiento genera 268.000 empleos directos y más de 300.000 indirectos, lo que supone un empleo directo por cada cinco camas legales. Además, estos empleos están regulados por convenios colectivos con una normativa estricta en términos de tipología de contratos, formación o externacionalizaciones.
6. A pesar de la crisis económica, el sector de alojamiento ha sufrido un descenso de pernoctaciones de clientes nacionales, mientras que se ha mantenido el número de los extranjeros. Al mismo tiempo ha sufrido una caída drástica de la rentabilidad debido a las políticas de descensos de precios que han aplicado los hoteleros, con el objetivo de mantener la ocupación y el empleo. Los precios del año 2013 están muy por debajo de los de 2008. La aparición de cientos de miles de viviendas privadas para uso turístico con precios inferiores, por su falta de cumplimiento de las normativas aplicables, hará disminuir aún más los precios en hoteles con consecuencias negativas en rentabilidad, empleo, inversión y problemas financieros.
7. El sector del alojamiento contribuye al mantenimiento del sistema fiscal con el pago de impuestos como el IBI, IAE, IS, IVA, IRPF y cotizaciones sociales, y otros impuestos o asas municipales, mientras que las viviendas privadas no pagan ninguno de estos impuestos o tasas, con lo que pueden aplicar precios muy inferiores a los de los establecimientos reglados. Además, hay una gran cantidad de viviendas particulares que están en manos de extranjeros, con lo cual la facturación por esta actividad no se ingresa en nuestro país, al ser contratados también por clientes extranjeros en el exterior.
8. El sector del alojamiento exige a las Administraciones Públicas una reflexión profunda sobre la dimensión de este problema ya que, cualquier legislación permisiva afectará de forma directa al modelo establecido y al sostenimiento de la Seguridad Social, el empleo sectorial, los ingresos de proveedores, la inversión y la calidad de la oferta española. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a los ciudadanos y, por extensión, procurar a través de organismos independientes que, en las actividades económicas, se cumplan las reglas de competencia. Si no se fijan ciertas reglas de juego claras y específicas para el ámbito digital, la voluntad de abrir la competencia a las nuevas empresas dejará el negocio en manos de unas pocas compañías de ámbito global que terminarán ofreciendo unos servicios de peor calidad y menos fiables.
9. El sector muestra su más firme oposición sobre modelos permisivos en distintas Comunidades Autónomas sobre la actividad, y el aumento de las plataformas de comercialización en contra de una actividad tan regulada: es responsabilidad de las Administraciones Públicas que no se apliquen distintas varas de medir a distintos actores de la actividad económica.
10. El sector alojativo exige a los responsables turísticos de nuestro país un apoyo decidido a los miles de empresas y cientos de miles de trabajadores directos e indirectos que, con su trabajo y esfuerzo, contribuyen día a día al mantenimiento del PIB y a la actividad económica, dejando de lado modelos cortoplacistas y electoralistas que se traducirán en un deterioro de las garantías a los consumidores y a una falta de regulación que acabará con el liderazgo del turismo español a nivel mundial.
11. El sector alojativo exige, asimismo, de las centrales sindicales, un posicionamiento claro a favor del empleo sectorial. Las viviendas turísticas no producen los niveles de empleo exigibles a cualquier actividad económica, y ponen en peligro a los cientos de miles de familias que siguen confiando en la oferta reglada.
12. El sector alojativo español agradece a sus huéspedes, tanto nacionales como extranjeros, su confianza depositada en los establecimientos regulados de España de cualquier categoría, y les anima a continuar utilizando la actual oferta de todo el territorio español, de todas las categorías y precios, exigiendo las mayores garantías en cuanto a seguridad, confort de instalaciones y servicios ofertados».
